Legislación cámaras de vigilancia

Legislación cámaras de vigilancia

Interesante análisis sobre la legislación cámaras de vigilancia el que realizaba en El Economista hace tan sólo unos años; el abogado Juan Manuel Borso Di Carminati, del bufete Olleros Abogados, sobre la legislación en materia de videovigilancia. Borso dibujaba cómo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); ha tenido que ir cubriendo mediante el mecanismo de consultas las lagunas legales que ofrece la Ley Orgánica 15/1999; de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo.

¿Qué dice la legislación cámaras de vigilancia?

Desde Videovigilando ya habían venido haciendo referencia a este tipo de consultas en ámbitos como el laboral o el escolar; pero es importante remarcar los tres criterios que destacaba el abogado a la hora de regular esta actividad; a saber: la proporcionalidad, la idoneidad y la mínima intervención. A pesar de que Borso realice un análisis muy certero de la realidad legislativa; y tenga argumentos de peso para reclamar una regulación por parte de la AEPD semejante a la que la Instrucción 1/2006 prevé para el tratamiento de los datos personales con fines de vigilancia; no debemos llamarnos a engaño. España cuenta con una de las legislación más completa; y que más protege los derechos y libertades individuales del ciudadano en materia de videovigilancia.

Algunos casos reales

Conviene recordar este hecho en un momento en el que no son pocas las ciudades que están reforzando sus esquemas de videovigilancia; para proteger y gestionar de un modo más adecuado la vida urbana. Es el caso de L’Hospitalet para la que el conseller de Interior, Felip Puig; había dado vía libre para la instalación de hasta 32 nuevas videocámaras en nuevas zonas videovigiladas. Y, como prueba de las garantías al ciudadano el hecho de, entre otros exámenes; las cámaras solicitadas por L’Hospitalet han tenido que ser avaladas por la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya; remarcando que han de cumplir una condición: que siempre respeten el derecho a la intimidad de los ciudadanos.


Videovigilancia y LOPD

Videovigilancia y LOPD

A pesar de que el debate social es innegable, sobre la videovigilancia y la LOPD hay mucho que hablar aún; no es menos cierto que el crecimiento de este mercado es imparable.

Crecimiento de la videovigilancia y LOPD

Así lo demuestran las últimas cifras facilitadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Según el organismo, ya se han superado los 2,5 millones de bases de datos inscritas; tanto por parte de empresas como de organismos públicos. Por nuestra parte, nos quedamos con otro dato: la notificación de los ficheros de videovigilancia (generados por la grabación de imágenes de los dispositivos de videovigilancia) continúan su línea ascendente; sumando ya los 97.328 ficheros, de los cuales 27.967 han sido inscritos en los nueve primeros meses de este año.

Si atendemos a los sectores, los más punteros en videovigilancia son los de comercio; con 21.668 ficheros inscritos, y la hostelería, con 11.786 ficheros. En un tercer lugar se encontrarían las comunidades de propietarios; que ya suman 7.232 ficheros y, según la propia AEPD, “se perfilan, cada vez más; como uno de los ámbitos en los que la videovigilancia tienen mayor presencia”.

Videovigilancia y LOPD en Málaga

Si miramos hacia Málaga, sin duda una de las mayores impulsoras de las videovigilancia; acaba de anunciar que los ficheros de videovigilancia aumentaron un 60% en 2010; con lo que suman ya un total de 206 ficheros en este campo. El dato más espectacular es que sólo el año pasado, se inscribieron 119 ficheros; lo que da una idea muy clara de la explosión del mercado de la videovigilancia en esta Ccomunidad.

Según ha explicado el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Luis Armada; durante la inauguración de la II Jornada de Videovigilancia y Protección de Datos; “es indiscutible que la utilización de estas cámaras cumplen su objetivo de seguridad y han demostrado su efectividad en la disuasión de delitos y, también, en la resolución posterior de conflictos”.